La historia comenzó en silencio, en una casa de la zona sur de la ciudad de Salta. Era 26 de junio del año pasado cuando una madre descubrió que su hija adolescente tenía un celular de alta gama que nadie en la familia había comprado. Al revisar el aparato, encontró algo peor que la sospecha: mensajes de tono sexual, uno de ellos enviado por un remisero que mencionaba a su otra hija, de apenas 12 años. La denuncia no tardó en llegar a la justicia.
Sin embargo, el caso pareció diluirse. Aunque se secuestró el teléfono del chofer, la causa fue desestimada y quedó archivada. Recién a mediados de este año la historia volvió a moverse: la Fiscalía de Distrito tomó el expediente y ordenó que se reabriera la investigación. Esta vez, con un equipo reforzado: la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) se sumaron al caso.
Cómo funcionaba la red
Lo que encontraron los investigadores superó las peores sospechas. Detrás del remisero había una red perfectamente aceitada. El hombre, al volante de un Volkswagen Voyage blanco, se movía cerca de un colegio secundario. Allí reclutaba a alumnas de cuarto año, se ganaba su confianza y luego las ofrecía sexualmente a tres clientes. La fiscalía reconstruyó cómo el chofer se convertía en el nexo: respondía a los pedidos de los clientes, organizaba los encuentros en moteles de la ruta 26 o, a veces, en la casa de uno de los acusados, donde además se consumían drogas.
Los precios estaban fijados. Según reveló el fiscal Eduardo Villalba, un beso costaba $60 mil, el sexo oral sumaba $20 mil más y las cifras podían escalar hasta $200 mil si la víctima era virgen. Para coordinar, usaban un código: “vamos a hacer la onda”. Cada encuentro estaba cronometrado —18 minutos— y, muchas veces, se realizaba en horarios en los que las chicas tenían horas libres en la escuela.
La investigación también expuso el rol de un menor de 16 años, amigo de las víctimas, que entregaba información sobre sus compañeras: quiénes eran vírgenes, qué problemas atravesaban, quiénes podían ser más vulnerables. Por ese dato cobraba dinero.
El remisero no solo coordinaba. También controlaba, vigilaba, presionaba. Si alguna de las chicas se negaba, las amenazaba con llamar a sus padres. Esa amenaza era suficiente para que el miedo las empujara a cumplir. La fiscalía contó que algunas de ellas incluso justificaban lo que hacían porque podían comprarse ropa, celulares o manejar dinero, pero en realidad estaban sometidas psicológicamente.
Hubo episodios que helaron la sangre de los investigadores. En una ocasión, el remisero logró que la hermana menor de una de las víctimas subiera a su auto y allí la manoseó. En otra, acosó a una alumna en una parada de colectivo para llevarla a “hacer la onda”. La adolescente escapó y se subió a un colectivo, pero el terror fue tal que terminó orinándose del miedo. Para entonces, el auto blanco ya era una amenaza: cada vez que las chicas lo veían merodear la escuela, el pánico se apoderaba de ellas.
Allanamiento y detenciones
El martes pasado, tras meses de trabajo, llegaron los allanamientos. En la casa del remisero se secuestraron juguetes sexuales, pastillas de estimulación y teléfonos. En el domicilio de uno de los clientes encontraron marihuana y aceite de cannabis. Con las pruebas en mano, el juez federal de Garantías N° 1, Julio Bavio, imputó al remisero, a tres clientes y al menor por trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad y minoridad de las víctimas y por la participación de más de tres personas.
La fiscalía pidió la prisión preventiva para los adultos y el levantamiento del secreto bancario y bursátil de los imputados. Dos de los clientes declararon, alegando que no sabían que las chicas eran menores o que “solo pagaron por sexo”. Sus defensas intentaron frenar la imputación, pero el juez dio por formalizada la causa y ordenó que permanezcan detenidos.
“Es un caso de una gravedad inusitada”, advirtió el fiscal Villalba, y subrayó que hubo denuncias previas que no fueron atendidas. “Esta organización continuó actuando y causando daños irreversibles en niñas de 16 años”, concluyó.